Una violencia silenciosa y normalizada afecta día a día a las maternidades, ocasionando daños físicos y psíquicos severos, quedando en absoluta impunidad en muchos países. Esta situación deviene de la precarización del sistema de salud público o privado en nuestra región, cuyas consecuencias afectan no solo la salud física, psíquica, sexual y reproductiva de quienes maternan, sino también al desarrollo pleno de la niñez. 

La violencia obstétrica consiste en acciones y omisiones, comúnmente ejercidas por profesionales de salud y realizadas durante la etapa de embarazo, parto y posparto[1]; entre los factores que contribuyen a la perpetuación de esta violencia se encuentran las relaciones de poder entre el/la profesional de salud y la paciente, centradas en torno al parto, donde debido a estereotipos de género, se posiciona a la mujer como un sujeto pasivo, que debe ser subordinado a la instrumentalización de su cuerpo, encasillándola en el rol de ser madre y, a razón de ello, estar obligadas a soportar las dificultades del parto sin protestar, ocasionándose la vulneración de sus derechos humanos, tales como vida, salud, integridad, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

Cabe recordar que el embarazo, el parto o puerperio, constituyen una condición de especial vulnerabilidad; además, frente a casos de violencia obstétrica, se presenta un patrón de vulnerabilidad acentuada, donde factores de interseccionalidad convergen y afectan en su mayoría a mujeres indígenas, LTBIQA+, migrantes, privadas de su libertad, en situación de pobreza y demás, lo cual requiere de una mayor protección por parte del Estado y una atención urgente al mejoramiento de los sistemas de salud.

La realidad respecto a la violencia obstétrica se muestra adversa, pues incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que: “la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales”[2]; por otro lado, se observa que pese a que lentamente los Estados están realizando acciones para mitigarlo, la precarización de los servicios de salud se ha agudizado durante la pandemia y la impunidad se mantiene, permitiendo la afectación continua a la integridad de las víctimas de violencia obstétrica y el acceso a la justicia. 

Ante esta situación, surge también la necesidad de juzgar los casos de violencia obstétrica con perspectiva de género de forma transversal a cada situación que converja y origine una violencia en mayor grado hacia las víctimas, analizando la discriminación estructural contra las mujeres y el problema de salud pública que evidencia las falencias del sistema de salud y las implicaciones que tiene la falta de capacitación en materia de género, interseccionalidad e interculturalidad para los y las profesionales[3] del área de la salud.

Minimizar el sentir de las madres y violentarlas también es consecuencia de la falta de acciones estatales para sancionar y erradicar la violencia obstétrica, además, demuestra la falta de información adecuada a la niñez, adolescencia y adultez respecto a los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de la autonomía de sus cuerpos. 

Subestimar, humillar e ignorar a las mujeres, es violentarlas. “No es para tanto” les suelen decir, dejando heridas perpetuas en cada una de las personas víctimas de violencia obstétrica. Nos estamos refiriendo a violencia constante, normalizada y silenciosa; un problema estructural latente y que afecta a millones de mujeres al rededor del mundo a una frecuencia alarmante. ¿No es para tanto?

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