En estos momentos Yucatán se encuentra pasando por una transición importante en cuanto al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos después de tantos años omitiendo su responsabilidad en el tema; el Estado está teniendo una apertura que no hubiera sido posible sin el acuerpamiento de activistas y organización civil unida. 

Muestra de ello es el avance legislativo en la interrupción legal del embarazo (ILE) que se ha visto en estos últimos meses, desde el famoso archivado en “la congeladora legislativa” de la iniciativa presentada en 2021 hasta el pasado 26 de febrero del presente año, donde nuevamente nos encontrábamos con un escenario muy similar: 2 iniciativas que despenalizaban el aborto estaban siendo turnadas a comisiones para ser revisadas.

Si bien esto podría traernos recuerdos agrios de aquel 2021, en este caso hubo una particularidad interesante que no debería pasar por alto en esta eventa legislativa: ninguna de las dos propuestas fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su discusión.

Esto es preocupante desde el punto de vista que, en primer lugar ninguna de las dos propuestas pueda ser analizada ni discutida a profundidad en un espacio que precisamente como sus atribuciones establece: estudiar, analizar y dictaminar (…) las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Así como analizar las condiciones de discriminación y violencia contra las mujeres, con la finalidad de prevenir y erradicar las desigualdades de género [1].

Y en segundo lugar, el énfasis determinante en que la única injerencia que tendría la Comisión de Igualdad sea a través de emisión de opiniones. El argumento de exclusión legislativa es que “todas las comisiones tienen el deber de legislar con perspectiva de género”; sin embargo, la lógica antidemocrática detrás de esto implicaría aceptar que toda comisión o espacio político especializado en el análisis de género no es necesario de existir. Seré clara, la interseccionalidad es una herramienta necesaria en los derechos humanos, no es solo un adorno de discurso. El aborto se tiene que legislar desde una mirada integral, que considere el género, la salud pública y la constitucionalidad a la par.

Dicho lo anterior, dejaré pasar por el momento la alevosía y ventaja de que estas iniciativas sean dirigidas a comisiones en donde sus Presidencias sean todas coordinadas por el partido Morena (Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública y Salud) sino que lo más preocupante sea que detrás de esta decisión de reflector dejemos fuera otras voces y opiniones.

Debemos recordar que el aborto ES un problema DE GÉNERO con múltiples factores estructurales, donde no solo las mujeres viven distintas formas de violencia para acceder a los servicios de salud, sino que las personas gestantes como hombres trans, personas no binaries y otras personas con capacidad de gestar también se adicionan a esta violencia estructural por la autonomía reproductiva. Y que, además, son invisibilizades en el actual Sistema de Salud justamente por el machismo estructural y la lgbtfobia.

Resulta bochornoso que ante las rivalidades partidistas y personales se pretenda controlar una narrativa legislativa que no le pertenece a ninguno de los partidos ni legisladoras. Y que muy por el contrario, se tomen decisiones “que en nombre de la colectividad” puedan seguir alimentando la espiral de opresiones que muchas personas enfrentan ante la negativa de servicios sexuales y reproductivos en el Estado.

De modo que, instar a las personas legisladoras a que se apeguen a discutir las iniciativas con perspectiva de género y lejos de visiones patriarcales y estigmatizantes no solo es imperante sino que además este se haga lejos de todo protagonismo individual y efímero.

El reconocimiento de nuestros derechos no es una lucha individual, es colectiva y no ha sido concedida sino conquistada y lo seguirá siendo hasta que la justicia reproductiva sea una realidad para todas las personas.

_________________________