La Organización Panamericana de la Salud (2020) estima, en promedio, el gasto para servicios de salud mental es solo el 2.8% del gasto total destinado para la salud en general en todo el mundo, lo que deja entre ver lamentablemente como este tema es considerado de baja prioridad[1]. En este artículo se tratará el tema de la salud mental en personas estudiantes que han sido víctimas de violencia sexual en el contexto estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y cómo la comunidad universitaria aún no es un entorno que permita abordar el psicotrauma, ya que no posee herramientas que permitan acompañar a las personas en sus procesos para contribuir a la construcción de una sociedad con una cultura de empatía.

La UADY está ubicada en el estado de Yucatán, estado que ocupa el primer lugar en muertes por suicidio desde 2022, que según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fueron 364 en el año 2022[2]. El Observatorio de la Salud Integral en Yucatán (2023) estima que 650 mil personas yucatecas presentan problemas de salud mental, entre los cuales se encuentran la ansiedad, el estrés e insomnio, sin embargo, el problema más frecuente es la depresión[3]. Esta información, más que cifras, reflejan el estigma de la salud mental en el estado y la poca incidencia de políticas públicas que brinden acceso a estos servicios para las poblaciones yucatecas.

En este contexto, la UADY ha realizado esfuerzos para atender problemas de salud mental de estudiantes de licenciatura y posgrado creando el programa “Estar Bien UADY”[4]. No obstante, este programa no cuenta con la adecuación suficiente para atender la alta demanda de este servicio que genera este programa, a raíz de este conflicto surge el Servicio Externo de Apoyo Psicológico (SEAP) para solicitar ayuda profesional en el sector privado. Sin embargo, comparándolo con el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)[5], que además de contar con Atención Psicológica de Primera Orientación y Ayuda (APOYA) tienen líneas de atención psicológica (call center), una unidad de psiquiatría y salud mental en su Facultad de Medicina, así como espacios de orientación y atención psicológica en las Facultades de Ciencias, de Arquitectura, de Ciencias Políticas y Sociales, entre otras, lo que demuestra que estos servicios y programas no están centralizadas en la Facultad de Psicología, como lo esta en el caso de la UADY[6].

Los programas de atención psicológica de la UADY están focalizados en el bienestar individual y carecen de estrategias a nivel comunitario que sensibilicen a las y los estudiantes sobre estos temas con el objetivo de crear una cultura de empatía y acompañamiento hacia estas personas. No obstante, este no es un caso aislado, ya que estudios realizados por múltiples investigadores mencionan que en universidades de España al no tener formación relacionada a los trastornos mentales como el estado depresivo mayor y la ansiedad, ayuda a perpetuar el estigma público por parte de estudiantes ajenos a ciencias de la salud y educación social, así como también estigma estructural por parte de las universidades[7].

Enfocándonos en el caso de la violencia sexual la víctima puede desarrollar efectos como la ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de la personalidad y de disociación de la personalidad, entre otros. En este marco, la UADY a través de su Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abusos Sexuales[8], establece que para poder ser candidata o candidato a terapia psicológica especializada en los efectos del trauma se tiene que realizar una queja correspondiente al suceso de violencia sexual (si se dio en un contexto donde la persona agresora forma parte de la universidad), donde la víctima tiene que pasar por procesos revictimizantes (que deja aún más daño en el bienestar psicológico), sin embargo, si los hechos no sucedieron dentro de las instalaciones universitarias o si ya ha transcurrido bastante tiempo, el caso simplemente no procede, lo cual es una clara violación al derecho a una vida libre de violencias[9], repercutiendo al mismo tiempo sobre el derecho a la educación y más si el agresor forma parte de esta institución, toda vez que no existe represalias para el victimario ya que la universidad se protege bajo la argucia del principio de presunción de inocencia que se traduce en que esta simplemente se “lava las manos”. Lo anterior no solo atenta al derecho a una libre de violencia, sino que también hace eco al derecho a la educación esto debido a que el espacio universitario se vuelve hostil y representa inseguridades para la víctima generando así deserción estudiantil, nuevos trastornos mentales, bajo rendimiento escolar, entro otras consecuencias.

El servicio de primer contacto que contempla el protocolo de género se encuentra centralizada en la Facultad de Psicología ubicada en el Campus de Ciencias Sociales Económico – Administrativas en afueras del anillo periférico de la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que dificulta a que las personas usuarias puedan acudir a sus sesiones, excluyendo así a las y los estudiantes que viven fuera de la ciudad de Mérida y que día con día tienen que viajar hacia sus facultades, generando así una violación al acceso adecuado a servicios de salud mental para todas las y los estudiantes de esta universidad.

Después de los puntos expuestos mediante datos y estudios realizados en contextos universitarios se puede inferir que la UADY tiene diversas áreas de oportunidad para la mejora de la construcción de una cultura en salud mental en sus estudiantes, que permita la promoción de temas en psicotrauma que no solo incentive a los que presenten trastornos mentales como depresión y ansiedad, sino que involucre al resto de la comunidad estudiantil, ya que se ha demostrado que la formación de redes de apoyo es clave en la recuperación de las personas en condiciones adversas.

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